Aún no entra en vigor la Senate Bill (Proyecto de Ley Senatorial) 1070 o SB 1070 y las autoridades de Arizona ya han comenzado a aplicar las medidas de corte racial que contiene esta norma, al detener a personas por su apariencia, a quienes les exigen que exhiban los documentos que comprueban que están legalmente en Estados Unidos.Iván Espinoza-Madrigal, abogado de la organización estadounidense Fondo México Americano para la Defensa Legal y Educación (Maldef), que es uno de los grupos civiles que presentó demanda ante la Corte Federal en Phoenix, para que se frene la norma, reveló que entre los clientes que representan hay una decena de casos documentados de este tipo, que fueron entregados a la juez de la causa, como evidencia contra esta ley.
Así lo indicó al hablar sobre la importancia de la audiencia que se realizó el jueves, en la que la juez federal Susan R. Bolton, recibió para su análisis argumentos, escritos y evidencias, que sustentan la demanda de organizaciones como Maldef y la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), entre otras, que solicitaron que suspenda la entrada en vigor de la SB 1070 prevista para el próximo 29 de julio.
Indicó que entre las pruebas que se entregaron a la juez, están testimonios de sus clientes que han sido objeto del trato discriminatorio que contiene esta ley, a pesar de que aún no es vigente, lo que habla de una política antiinmigrante que vulnera garantías que en los hechos ya se aplican.
Espinoza-Madrigal detalló que uno de estos clientes es Jim-Shee, un ciudadano chino-americano, que también tiene ascendencia mexicana y quien por su apariencia étnica distinta en el último mes ha sido detenido en dos ocasiones por policías en Arizona para exigirle que compruebe su estatus migratorio.
El abogado detalló que la demanda de este hombre está incorporada en la que presentaron decenas de personas que han recibido este trato a pesar de tratarse de residentes legales en Arizona, y son representados por Maldef, que también defiende los intereses de 14 organizaciones de comercio, derechos humanos y prestadores de servicios, cuyos integrantes podrían verse afectados por la SB 1070.
Ante la experiencia de Espinoza-Madrigal en la defensa de las libertades civiles, indicó que hay optimismo en que la juez de la causa vote en contra de la aplicación de la legislación, y ha expresado su intención “de tomar una decisión con todo cuidado”.
FUENTE: CANAL SONORA
